Las imputaciones señalan a González como cerebro del desvío de fondos multimillonarios para sobornos a congresistas, debilitando la confianza en la administración y poniendo en jaque el plan de reformas del Gobierno.
La Fiscalía General de la Nación abrió formalmente investigación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a quien señala como al presunto autor intelectual del esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según los investigadores, González habría ordenado que se inflaran contratos públicos —como el controversial contrato de carrotanques para La Guajira— con la finalidad de desviar recursos del Estado y destinarlos al pago de sobornos a miembros del Congreso. En concreto, la Fiscalía dice que entregó cerca de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado y 1.000 millones al presidente de la Cámara, para asegurar respaldo político a las reformas del Gobierno.
En la audiencia de imputación, González —quien actualmente se encuentra fuera del país— fue sindicado de los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, y luego de que la solicitud fuera avalada por el tribunal, emitió una orden de captura internacional en su contra. Si es hallado culpable, González se enfrentaría a una pena de hasta 22 años de prisión.
El caso ha sacudido los cimientos del Gobierno: la investigación evidencia cómo, desde las esferas más altas del poder —junto al exdirector de la UNGRD y otros funcionarios allegados— se habría gestado una red de corrupción para manipular recursos destinados a población vulnerable y garantizar votos en el Congreso.
La imputación contra Carlos Ramón González representa un punto de inflexión en el escándalo de corrupción de la UNGRD: no se trata solo de irregularidades comunes, sino de una estructura que habría funcionado desde lo más alto del Ejecutivo para cooptar voluntades políticas y desviar fondos públicos. Si se confirma la responsabilidad penal, no solo González —hoy prófugo— enfrentará consecuencias, sino que este episodio podría golpear con fuerza la credibilidad del Gobierno y demandar una revisión profunda de los controles institucionales. La justicia ahora tiene la tarea de cerrar ese capítulo con transparencia, rendición de cuentas y reparación al Estado y a los ciudadanos.