La decisión histórica declara responsables a sus directivos y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por superar los límites legales de gasto y recibir aportes prohibidos.

En un fallo sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en irregularidades al superar los topes de financiación establecidos por ley y aceptar recursos de personas jurídicas, lo cual está prohibido para campañas políticas.

La decisión, adoptada con una votación de 6 a 3, confirmó que la campaña rebasó los límites permitidos por una cifra cercana a 3.500 millones de pesos. Fueron declarados responsables el entonces gerente de campaña —hoy alto directivo estatal—, la tesorera y la auditora, así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la postulación.

Uno de los ejes de la investigación fue una importante donación hecha por el sindicato Fecode, por 500 millones de pesos. Aunque se intentó justificar como una donación al partido y no directamente a la campaña, la auditoría del CNE concluyó que su uso final fue para financiar la candidatura —lo que incumplió la normativa electoral.

Las sanciones consisten principalmente en multas millonarias y la obligación de devolver los recursos considerados irregulares. Además, en el caso del exgerente, el tribunal remitió copias a la Fiscalía para que valore posibles investigaciones penales.

Las consecuencias políticas son también relevantes: la sanción pone en duda la financiación de campañas futuras de los partidos involucrados, y genera presión en torno al papel de quienes lideraron la campaña, afectando su credibilidad ante la opinión pública.

Con esta decisión, el CNE marca un precedente clave en la regulación de la financiación política en Colombia: demuestra que incluso una campaña presidencial que llegó al poder puede ser sancionada por violar los límites legales. Las sanciones —económicas y relativas a la reputación— envían una señal clara: la ley de financiación electoral debe respetarse, sin importar el tamaño o la orientación política. Sin embargo, el reto ahora está en transformar esa sanción en reformas estructurales que garanticen transparencia y equidad para todas las campañas futuras.