Un grupo de cerca de 300 personas —incluyendo niños—, provenientes de la UPI La Rioja, busca reinstalarse en el emblemático parque; la administración distrital convoca al diálogo mientras advierte sobre riesgos y denuncia uso indebido del espacio público.
Miembros de la comunidad Emberá intentan nuevamente asentarse en el Parque Nacional, lo que activó la respuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y equipos de acompañamiento social. La intención del grupo es reocupar el emblemático espacio público como mecanismo de presión ante la falta de avances en materia de reubicación y garantías territoriales.
Los funcionarios distritales señalaron que muchos de los participantes del movimiento se encontraban en Bogotá desde hace meses y que su presencia responde a reclamos sobre reubicación, garantías de vivienda y restitución de derechos territoriales. Para la comunidad, el retorno al parque no es un gesto de confrontación, sino una forma de visibilizar las demoras institucionales.
La administración local insistió en el diálogo social, activando componentes étnicos y de derechos humanos, e hizo un llamado a evitar el asentamiento en espacio público, especialmente por la presencia de menores de edad. La situación genera preocupación por condiciones sanitarias, seguridad y convivencia, aspectos que ya habían sido críticos en ocupaciones anteriores.
El Parque Nacional ya ha sido escenario de episodios similares entre 2023 y 2024, cuando más de mil miembros de la comunidad Emberá permanecieron allí por meses en condiciones inseguras. Aunque parte del grupo aceptó planes de retorno promovidos por las autoridades, otra porción decidió permanecer en la ciudad ante la falta de garantías en sus territorios de origen.
El intento de reinstalarse en el Parque Nacional no es un evento aislado, sino un síntoma de un problema sin resolver: la incapacidad del Estado para ofrecer soluciones duraderas a comunidades indígenas desplazadas. Mientras no exista una estrategia integral que combine acompañamiento social, retorno seguro y oportunidades reales en sus territorios, Bogotá seguirá enfrentando tensiones entre protección del espacio público y defensa de derechos étnicos. La comunidad Emberá y la ciudad necesitan respuestas sostenibles, no medidas temporales.