La entidad advierte que la resolución omite la supervisión judicial y excluye la voz de las víctimas en el proceso.
La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, presentó formalmente ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la resolución 327 de 2025 del Gobierno de Gustavo Petro, que designa a exjefes paramilitares de las AUC como gestores de paz. La demanda sostiene que este acto administrativo carece de controles institucionales suficientes, deja de lado la participación de las víctimas y legitima figuras que fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Entre los nombrados figuran figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar “Jorge 40” y Diego Fernando Murillo “Don Berna”, lo que para la Defensoría “envía un mensaje ambiguo y corrosivo” sobre la credibilidad del Estado como garante de justicia y pone en riesgo la reconciliación de las víctimas.
El organismo advierte que la resolución no involucra instancias de supervisión judicial ni mecanismos para que las víctimas participen en la definición o evaluación de la labor de esos gestores. Esto, según el escrito, introduce un “riesgo estructural de revictimización simbólica”, pues las víctimas podrían percibir que sus ofensores son elevados a interlocutores del Estado sin que haya mediado una reparación adecuada.
En su demanda de 56 páginas, la Defensoría pide que se suspenda provisionalmente la aplicación de la resolución mientras el proceso avanza ante el Consejo de Estado. Además, plantea que se garantice la transparencia, el control institucional y la verificación independiente del papel de los gestores de paz. La decisión del Gobierno se enmarca dentro de su estrategia denominada “paz total”, que busca cerrar antiguos procesos de desmovilización paramilitar y avanzar en el fin del conflicto.
Para las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, esta movida representa un momento crítico: señalan que la paz no puede construirse sin justicia, verdad y participación activa de quienes sufrieron la violencia. Este caso plantea la tensión entre la urgencia política de cerrar el capítulo paramilitar y las garantías de que ese cierre no se traduzca en impunidad o invisibilización de los daños causados.