La decisión, que debe tomarse antes del 4 de julio, podría marcar un hito jurídico sin precedentes y profundizar la tensión entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

En medio de una creciente tensión institucional, la Corte Constitucional se alista para tomar una de las decisiones más delicadas y trascendentales de los últimos años: determinar si el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene competencia para investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

La Sala Plena del alto tribunal tiene plazo hasta el 4 de julio para emitir su fallo. La expectativa crece no solo por lo que está en juego en términos judiciales, sino también por las posibles repercusiones políticas y constitucionales de la decisión.

De avalarse la competencia del CNE, se abriría la puerta a una investigación formal contra el jefe de Estado en ejercicio, algo sin precedentes en la historia reciente del país. Por el contrario, si se le niega esa facultad al organismo electoral, se cerraría una de las principales vías de indagación sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña del Pacto Histórico.

El magistrado ponente, Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el actual gobierno, ha planteado una teoría novedosa que podría significar el archivo parcial o total del caso, al considerar límites constitucionales en el control al presidente por parte del CNE.

La decisión también podría desatar un choque institucional entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que ha defendido la autonomía del CNE para investigar a cualquier candidato, incluido el presidente electo.

Este proceso se convierte así en otro capítulo clave del pulso de poderes que ha marcado el escenario político colombiano, con implicaciones que trascienden lo jurídico y que podrían redefinir el equilibrio entre las altas cortes y los órganos de control.