El abogado de la familia del joven asesinado ha instado a la Fiscalía a imputar el cargo de homicidio doloso agravado y a asegurar medidas de aseguramiento estrictas.

El 31 de octubre de 2025, en Bogotá, el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, fue asesinado tras recibir una brutal golpiza fuera de un establecimiento nocturno.
Este miércoles, su familia, representada por el abogado Camilo Rincón, se presentó en la audiencia de garantías para exigir que los implicados sean procesados por homicidio doloso agravado y que todos los responsables, incluso los que aún no han sido capturados, sean vinculados al proceso.

¿Qué se sabe del caso?

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los agresores, por homicidio agravado como coautor del crimen.

Según las pruebas colectadas —incluyendo videos de cámaras de seguridad—, Moreno fue atacado sin haber iniciado hostilidades, lo que sugiere que la agresión fue deliberada y con intensión de acabar con su vida.

El abogado Rincón manifestó que la familia demanda una sentencia que refleje la desproporción del ataque. “No queremos procesos que inicien y se diluyan. La impunidad no solo es lentitud del sistema judicial, también son las sentencias absolutorias”, dijo.

¿Qué se discute en el proceso?

• La defensa de la familia solicita que se incluyan todos los involucrados, incluyendo el segundo agresor que permanece prófugo.
  
• Solicitan que se imponga medida de aseguramiento intramural (prisión preventiva) dada la gravedad del delito.
  
• El cambio de la imputación a homicidio doloso agravado, que según estimaciones del abogado implicaría penas de entre 25 y 50 años de prisión para el responsable capturado, en línea con lo que permite la ley en estos casos.
  

Importancia para la justicia y la sociedad

El caso ha generado amplio interés público por tratarse de un joven universitario asesinado en condiciones de aparente indefensión, lo que reabre el debate sobre la violencia urbana, la seguridad en la capital y la capacidad del sistema judicial para sancionar efectivamente este tipo de crímenes.
La familia y su representante jurídico esperan que la causa siente precedente y que se garantice verdad, justicia y reparación, no solo en términos simbólicos, sino con responsabilidad penal real.