La reducción del presupuesto para el servicio de acueducto y saneamiento en 2026 encendería alarmas sobre cobertura, calidad y equidad en el acceso al recurso hídrico.

Un informe de la Contraloría General de la República advierte que el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 contempla una caída del orden del 53 % en los recursos destinados al agua potable y saneamiento básico: los fondos pasarían de aproximadamente $1,5 billones de pesos en 2025 a solo $700 mil millones para el año siguiente.

Según el documento, esta contracción presupuestal amenaza con afectar el servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento de más de 5 millones de personas que aún no cuentan con acceso regular al agua potable, y unos 12,5 millones que carecen de cobertura en alcantarillado.

Factores de riesgo y desigualdades regionales

El estudio de la Contraloría resalta que, pese a la aprobación de la Ley 142/1994 hace tres décadas, persisten brechas significativas en cobertura:

• La cobertura nacional de acueducto se estima en 90,1 %, aunque en regiones como la Amazonía cae a menos del 47 %.
  
• En alcantarillado, la media nacional ronda el 76,2 %, pero en ciertas zonas rurales apenas llega al 41 %.
  
• Además, la eficiencia de ejecución del Ministerio de Vivienda en proyectos de agua, saneamiento y residuos es preocupante: al 18 de septiembre de 2025 solo había ejecutado el 23 % del presupuesto, y en ese sector específico se alcanzó apenas un 22 %.
  

¿Qué implica para los usuarios y los territorios?

• La caída del presupuesto implica menor capacidad para construir o mantener infraestructura de agua potable, plantas de tratamiento, redes de acueducto y alcantarillado.
  
• Los municipios más afectados podrían ser aquellos con menor cobertura histórica y menor capacidad financiera para invertir: zonas rurales, dispersas, con poblaciones indígenas o afrodescendientes.
  
• La calidad del servicio también está en riesgo: frecuencia de suministro reducida, agua con menos garantías de potabilidad, cortes más frecuentes, menor diagnóstico de daños en redes y falta de mantenimiento.
  

Reacciones y preguntas clave

La Contraloría advierte que sin un cambio urgente en recursos, gestión y supervisión, los avances alcanzados podrían retroceder. Ahora bien:

• ¿Cómo se compensará la caída presupuestal en medio de un contexto de crisis hídrica, sequías y fenómenos climáticos que afectan a varias regiones del país?
  
• ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para garantizar que la reducción de recursos no se traduzca en un retroceso en el cumplimiento de los derechos al agua y al saneamiento?
  
• ¿Qué papel tendrán los entes territoriales, las Empresas de Servicios Públicos y los organismos de control para asegurar que los recursos existentes se utilicen con eficacia y transparencia?
  

En conclusión, el recorte previsto en el presupuesto para agua potable y saneamiento representa un reto significativo para la política social y el desarrollo territorial en Colombia. El acceso al agua es clave para la salud, el bienestar y la igualdad; por tanto, garantizar su provisión adecuada y continua resulta esencial para no dejar atrás a millones de colombianos.