El alto volumen de cartera vencida pone en riesgo la continuidad del suministro de medicamentos y evidencia la presión financiera sobre el sistema en Colombia.
Un informe reciente del gremio de laboratorios, AFIDRO, señala que la deuda acumulada del sistema de salud colombiano con el sector farmacéutico alcanza COP 4,2 billones al cierre del segundo trimestre de 2025. De ese monto, aproximadamente 35,3 % corresponde a cartera vencida, es decir facturas cuya fecha de pago ya expiró sin que se haya hecho efectivo el pago.
Según el informe, una de las entidades con mayor carga de deuda es Nueva EPS, la cual para abril de 2025 reportaba pasivos por COP 9,3 billones, lo que representa el 28,5 % de la deuda total con los laboratorios.
Causas y efectos del desfinanciamiento
Expertos del sector advierten que esta situación financiera deteriorada tiene varias causas:
- Un modelo de aseguramiento que presenta desequilibrios de liquidez y solvencia.
- Pagos atrasados a proveedores farmacéuticos, lo que genera una reacción en cadena que afecta producción, importación y distribución de medicamentos.
- Una presión creciente sobre la cadena farmacéutica que se traduce en demoras en la entrega de medicamentos, mayor gasto de bolsillo para los pacientes y una posible escasez en tratamientos esenciales.
¿Qué demanda el sector farmacéutico?
El gremio farmacéutico solicita:
- Una mejora en la gestión del pago y del flujo de recursos por parte de las EPS y del sistema de aseguramiento.
- Una mejor trazabilidad y control sobre los recursos destinados al aseguramiento para evitar que el desfinanciamiento comprometa la atención sanitaria.
- Una revisión de los mecanismos de pago a los laboratorios y una política que garantice la continuidad de los suministros de medicamentos.
Relevancia para el sistema de salud
La magnitud de la deuda con el sector farmacéutico evidencia que no solo los prestadores de servicios (hospitales, clínicas) están en estrés financiero, sino también los proveedores de medicamentos, un eslabón clave para garantizar el derecho a la salud. Si esta situación no se corrige, podría erosionarse la sostenibilidad del sistema sanitario colombiano.