Se investigará si acuerdos de vuelos y facturas fraudulentas beneficiaron la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La Corte Suprema de Justicia decidió compulsar copias a la Fiscalía tras recibir información que vincularía a dos altos funcionarios del actual Gobierno con presuntas inconsistencias en los reportes financieros de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.
De acuerdo con el alto tribunal, el propósito de esta medida es que el ente investigador determine si existieron conductas irregulares o posibles delitos relacionados con la entrada y manejo de recursos durante la contienda electoral de 2022. La decisión se deriva del proceso que la Corte adelanta contra el exembajador Armando Benedetti, quien fue señalado por posibles manejos irregulares en los fondos de la misma campaña.
Según fuentes judiciales, la Corte Suprema encontró elementos que podrían comprometer la actuación de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña de Petro Presidente, así como de Guillermo Jaramillo, hoy ministro de Salud, quien habría participado en la administración o gestión de algunos de los recursos destinados a las actividades proselitistas.
El envío de copias no implica una imputación o acusación formal, sino la apertura de una indagación preliminar por parte de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si existen méritos suficientes para iniciar una investigación penal.
Este nuevo capítulo se suma a las investigaciones que ya se adelantan sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, que han generado debate público en torno a la transparencia y legalidad de los recursos utilizados. Desde el Gobierno, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión del alto tribunal.
Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia busca garantizar la transparencia institucional y el debido proceso en torno a uno de los temas más sensibles de la agenda política actual: la financiación de campañas electorales y la responsabilidad de los funcionarios públicos que participaron en ellas.