El texto presentado por el Gobierno genera críticas por las restricciones a la exploración y explotación de minerales, especialmente el carbón térmico.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó con vehemencia el proyecto de ley minera que el Gobierno presentó recientemente, advirtiendo que la propuesta podría consolidar un monopolio estatal sobre el sector y prohibir totalmente la exploración y explotación de carbón térmico.
La iniciativa, denominada “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, pretende estructurar un modelo regulatorio del aprovechamiento de minerales con un enfoque ambiental, social y cultural. Sin embargo, varios actores del sector sostienen que el proyecto contiene restricciones severas que debilitan la participación del sector privado.
Las principales críticas del sector
- La ACM sostiene que el proyecto establece un modelo estatizado y centralista de minería, donde el Estado asumiría un rol predominante y la iniciativa privada quedaría supeditada a condiciones restrictivas.
- Se denuncia que el documento dispone una prohibición absoluta para la exploración y explotación de carbón térmico, sin contemplar planes técnicos, sociales o energéticos de transición.
- Los gremios advierten que esta norma podría paralizar proyectos activos y convertir regiones mineras como La Guajira en zonas vulnerables a la minería ilegal, al cerrar las rutas legales de operación.
- También se cuestiona que la autoridad minera tendría mayor discrecionalidad para decidir dónde y cómo operar, sin criterios explícitos ni consulta efectiva al sector y las comunidades locales.
Implicaciones para inversión, empleo y energía
La eliminación del carbón térmico como fuente viable en la ley minera genera incertidumbre sobre el futuro energético del país, particularmente en regiones dependientes de esa actividad para empleo y recursos fiscales.
Los críticos preguntan cómo se reemplazarían esos aportes económicos de corto plazo sin afectar los ingresos de municipios y departamentos mineros.
El conflicto revela una tensión entre la agenda ambiental y energética del Gobierno y los intereses del sector minero tradicional, con riesgos de que Colombia pierda competitividad frente a otros destinos de inversión minerales.