Gremios advierten que la carga tributaria, unida al alza en peajes y combustible, amenaza la operación de las empresas de transporte en Colombia.

El sector de transporte de carga en Colombia atraviesa una situación crítica debido al reciente incremento de 218 % en la tasa de autorretenciones, una medida que, según los gremios, no viene acompañada de justificaciones suficientes. La advertencia la hizo pública Colfecar, que señala que este impuesto agravado, junto con los crecientes costos de combustible y peajes, está estrangulando financieramente a las empresas que garantizan la distribución diaria de bienes en todo el país.

Durante el Congreso de Colfecar, Sebastián Echeverry, presidente de la junta directiva, indicó que muchas compañías operan “por centavos”, enfrentando grandes presiones financieras que ponen en riesgo su viabilidad a futuro. Explicó que el aumento no sólo golpea la rentabilidad, sino que debilita la planificación operativa, la liquidez (“caja”) y la capacidad de financiación de los transportistas.

Además del tributo de autorretenciones, las empresas deben pagar en muchos casos el ICA, el IVA y asumir otros gravámenes locales —en algunos sitios, hasta en más de 1.100 municipios—, lo cual impacta directamente la estructura de costos, pues estos impuestos no siempre pueden cruzarse contablemente con ingresos operativos. 

El panorama se agrava porque los bloqueos en las vías, los ataques contra conductores y otros riesgos logísticos elevan aún más los costos operativos. El Sistema Integrado de Costos Eficientes al Transporte de Carga por Carretera (Sicetac) reporta que las tarifas nacionales han subido en promedio más del 13 % a septiembre, afectando más de 6.500 rutas. 

Frente a esto, los gremios exigen al Gobierno nacional medidas urgentes para aliviar la presión tributaria: ajustar o revisar la medida de autorretenciones, evaluar la posibilidad de beneficios fiscales o subsidios, y revisar la política de peajes y combustible para hacerla más compatible con la realidad del sector. De lo contrario, advierten, los aumentos podrían trasladarse a los precios del flete y al costo del transporte para los consumidores. 

El asunto también se enmarca en una preocupación macroeconómica: Colombia tiene proyectado un déficit fiscal cercano al 8 % para este año, sumado a un presupuesto que en 2024 terminó con una ejecución baja —esto según los gremios—, lo que, en su opinión, agrava la tensión sobre pequeñas y medianas empresas que no tienen colchón financiero para absorber los sobrecostos impuestos.