En una sesión maratónica de más de diez horas, la Cámara de Representantes aprobó nuevamente la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, esta vez con 104 votos a favor, en un ambiente tenso y polarizado. Aunque esta iniciativa ya había sido convertida en ley en 2024, la Corte Constitucional ordenó su devolución, al considerar que se habían cometido graves irregularidades en el trámite legislativo.

A pesar del precedente judicial, el oficialismo y sus aliados se mantuvieron firmes en su decisión de revalidar el proyecto sin introducir cambios de fondo en el procedimiento, lo que generó duras críticas desde la oposición y sectores independientes. Varios congresistas decidieron abandonar el recinto en señal de protesta, argumentando que los mismos vicios podrían haberse repetido, lo que pondría en riesgo nuevamente la legalidad del proceso.

La reforma propone un modelo de cuatro pilares con el que el Ejecutivo busca ampliar la cobertura del sistema pensional, reducir la informalidad y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Este nuevo esquema plantea un mayor protagonismo del Estado a través de Colpensiones, limitando el rol de los fondos privados, lo que ha generado controversia en el sector económico y entre expertos en seguridad social.

Sin embargo, más allá del contenido técnico, el debate se centra ahora en el rigor institucional y el respeto a las normas del Congreso. Los demandantes advierten que si no se subsanan los errores identificados previamente como el presunto incumplimiento de los tiempos, la falta de debate y la aprobación exprés en algunas etapas, la reforma podría volver a caer ante la Corte Constitucional.

Así, el destino de esta ambiciosa propuesta pensional, una de las más emblemáticas del gobierno Petro, queda en manos del alto tribunal, que deberá decidir si el nuevo trámite se ajusta a los principios democráticos y procedimentales establecidos por la ley.