En un giro que ha sacudido el panorama político colombiano, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto mediante el cual convoca oficialmente a una consulta popular nacional, desafiando así la decisión previa del Senado de archivar su ambiciosa reforma laboral.

La consulta programada para el próximo 7 de agosto, incluirá una serie de preguntas sobre derechos laborales fundamentales, entre ellos la reducción de la jornada a ocho horas, el pago del 100 % por trabajo dominical y la formalización de trabajadores. Petro defendió la medida como un mecanismo de participación directa, afirmando que el Congreso «bloqueó la voluntad popular» y que ahora es el pueblo quien debe decidir.

“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Ministro que no lo firme, se va”, advirtió el mandatario, en tono categórico, durante un acto transmitido en vivo desde la Casa de Nariño.

Juristas en alerta: ¿ruptura de poderes?

La medida generó alertas inmediatas en el sector jurídico. Varios constitucionalistas advirtieron que el decreto podría romper la separación de poderes, ya que busca saltarse el control legislativo, trasladando una reforma estructural directamente al voto popular sin que medie aprobación del Congreso.

“Se trata de una interpretación forzada del artículo 4 de la Constitución. Si la Corte no lo frena, estaríamos ante un precedente de poder absoluto”, aseguró el exmagistrado Rodrigo Uprimny.

La oposición habla de “autogolpe”

Desde sectores del Congreso y agrupaciones de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical, la respuesta no se hizo esperar. Varios líderes calificaron el decreto como un intento de “autogolpe constitucional”, alertando sobre el uso de mecanismos de participación como atajos para gobernar sin contrapesos.

“Primero desconocen al Senado, ahora imponen su voluntad por decreto. Esto ya no es democracia, es populismo autoritario”, expresó la senadora Paloma Valencia en rueda de prensa.

Corte Constitucional entra en escena

La Corte Constitucional recibió ya el decreto para su análisis jurídico, y se espera un pronunciamiento en las próximas semanas sobre su viabilidad. El alto tribunal deberá evaluar si las preguntas cumplen los requisitos legales y si se vulnera el principio de competencias entre ramas del poder público.

El decreto presidencial se produce apenas días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, hecho que dejó al país en conmoción. La oposición ha denunciado falta de garantías políticas, y la firma del decreto en este contexto ha sido leída por algunos sectores como un movimiento estratégico que podría radicalizar aún más el debate público.