El presidente Gustavo Petro firmó recientemente un nuevo contrato relacionado con el proyecto Ruta del Sol, uno de los más grandes y controversiales de infraestructura en Colombia. La decisión generó reacciones encontradas: mientras el Gobierno la presentó como un acto de justicia y reparación, varios sectores cuestionaron los términos del acuerdo y sus implicaciones legales.

Una obra marcada por la corrupción.

La Ruta del Sol fue concebida como una autopista clave para conectar el centro del país con la Costa Caribe. Sin embargo, el contrato original, adjudicado en 2009 a Odebrecht y sus socios, terminó en escándalo: sobornos, colusión y una cascada de procesos judiciales que llevaron a su anulación en 2017.

Según el Gobierno, este acuerdo buscaba cerrar los litigios pendientes, desbloquear tramos clave de la obra y asegurar que el Estado recuperara recursos.

El acto fue presentado como un «acto de reconciliación», pero también como una medida para reactivar la infraestructura y generar empleo en regiones claves.

¿Qué siguió para la Ruta del Sol?

Con este nuevo contrato, el Gobierno espera reactivar al menos 300 kilómetros de vía, acelerar la finalización de tramos paralizados desde hacía años y resolver más de cinco demandas cruzadas que superan los 4 billones de pesos. No obstante, el avance depende de cómo se ejecutará el nuevo contrato y de si se logra blindar el proceso frente a nuevas controversias legales y políticas.

La firma del nuevo contrato por parte del presidente Petro abre una etapa que debe estar guiada por la transparencia, el control ciudadano y una comunicación clara sobre los beneficios reales para el país.