Tras la aprobación de la reforma laboral en Senado y Cámara, el presidente Gustavo Petro anunció que retirará la polémica consulta popular con la que pretendía defender sus reformas, en un gesto que algunos interpretan como un repliegue táctico ante las crecientes tensiones institucionales.

No obstante, el mandatario no ha renunciado a su ambición de una transformación estructural del Estado. En su lugar, anunció que impulsará la entrega de una papeleta en las próximas elecciones con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una figura que, al igual que la consulta, requiere aprobación del Congreso para avanzar.

“El poder constituido obedeció al poder soberano: el pueblo. Pero la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”, expresó Petro en una alocución pública, dejando en claro que su visión de cambio sigue firme.

La decisión ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial y el papel del Congreso frente a iniciativas que buscan reconfigurar el orden institucional. Mientras sectores afines al Gobierno aplauden la insistencia en dar voz directa al pueblo, desde la oposición se advierte que la convocatoria a una constituyente podría ser el paso previo a una concentración excesiva del poder.

El panorama político se mantiene tenso y en constante movimiento, con una ciudadanía expectante ante lo que podría ser un giro trascendental en la historia reciente del país.