Avances apuntan a que las autoridades cuentan con nombres y apellidos de los presuntos asesinos, aunque no han sido revelados públicamente.

Las investigaciones sobre el asesinato del cantante colombiano B-King (Bayron Sánchez Salazar) y del DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera) han registrado un nuevo avance: fuentes cercanas a la Fiscalía del Estado de México aseguran que los presuntos responsables ya estarían plenamente identificados.

El crimen ha sido calificado como uno de los casos más mediáticos recientes de violencia contra artistas latinoamericanos. Ambos músicos desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, luego de salir de un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en Cocotitlán, Estado de México, con signos de ejecución y acompañados de un narcomensaje atribuido a la organización criminal La Familia Michoacana.

Detalles del avance en la investigación

De acuerdo con el periodista Álex Rodríguez, la Fiscalía ha confirmado que maneja información con nombres y apellidos de los implicados, aunque por el momento esa información no será pública.

Se baraja que el móvil del homicidio podría estar vinculado a negocios ilícitos relacionados con drogas sintéticas (como el 2C-B o “Tusi”), según versiones preliminares de investigadores y medios especializados.

Además, autoridades mexicanas han capturado al menos cuatro ciudadanos colombianos en relación con el caso, detenidos en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Según fuentes del diario El Tiempo, la Fiscalía habría identificado a los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen. El caso, sin embargo, sigue bajo reserva judicial mientras se avanzan las pruebas.

Aunque el hallazgo de los cuerpos y la confirmación de identidades ya no son secretos, el caso enfrenta el desafío de confirmar la responsabilidad judicial de los señalados. Las autoridades deberán reunir pruebas contundentes como registros telefónicos, cámaras de vigilancia y ADN para proceder a las imputaciones formales.

Para las familias de las víctimas y la opinión pública, el avance representa una esperanza de justicia y esclarecimiento, aunque también suscita demandas de transparencia frente a una investigación que ha tenido repercusión internacional.