Dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo al encargado de la estación migratoria de Tijuana, están bajo investigación por delitos relacionados con corrupción y trata de personas.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en conferencia de prensa el arresto el 29 de febrero y posterior liberación de María Elizabeth Paredes -secretaria del delegado del Instituto de Migración en Baja California, David Pérez Tejada Padilla- y Marte Antonio Camacho, jefe de la estación migratoria del INM en Tijuana.
Camacho también desempeñó funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali, ambas ciudades de Baja California, fronterizas con Estados Unidos.
La mandataria estatal señaló que dicha información la obtuvieron “gracias a las mesas de seguridad en donde la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) comparte la información en relación a la investigación que ellos han venido desarrollando”.
Según información proporcionada a EFE por la FGR, el pasado 29 de febrero dicha institución realizó una inspección en un domicilio de una zona residencial en el sur de Tijuana, por labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros.
Los agentes de la FGR encontraron a María Elizabeth Paredes y a Marte Antonio Camacho, además de “15 cartuchos calibre 9 milímetros, uno de ellos con punta expansiva, 1 millón 90 mil pesos y 27 mil dólares”.
También descubrieron cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban a Baja California con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Tras la inspección, la FGR abrió la investigación y puso a los dos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, pero en la audiencia inicial “el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención” y ordenó su libertad inmediata, aunque la indagatoria sigue abierta.
La gobernadora de BC señaló que los agentes “venían trabajando desde hace ya varias administraciones, salieron libres y nuevamente (se presenta) ese tema, de los jueces que dejan en libertad (a los presuntos criminales)”.
“Es un tema federal y se hará cargo la Fiscalía General de la República”, sentenció.
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, también confirmó los hechos, al reiterar que lo señalado “fue del fuero federal”, por lo que las autoridades federales “llevaron a cabo su procedimiento, su investigación, la detención derivada de ese cateo y judicializaron ante el juez federal a las personas”.
“Ha habido unas libertades que ellos, la Fiscalía de la República, consideran de manera inconsistente, y fue lo que sucedió en este caso”, puntualizó. (EFE)
