Un total de 727 empleados de empresas privadas y del gobierno promovieron la primera demanda de amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entró en vigor el pasado 1 de mayo.
Rodolfo Martínez Ayala, socio de Trusan & Roma, despacho legal que representa a los inconformes, explicó en un mensaje vía redes sociales que la reforma afecta la forma como los trabajadores decidieron manejar en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras.
Afuera de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, calificó el decreto de inconstitucional, ya que es “retroactivo y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.
Más tarde, en entrevista radiofónica con MVS, alertó que si bien el fondo servirá para completar las pensiones de quienes ganen hasta 16 mil pesos al mes, esto será posible siempre y cuando haya disponibilidad de dinero. “Es decir, pareciera acusarse de que eventualmente se va a quedar sin recursos”, señaló.
Con información de Andrés Mendoza / Excelsior
